San Juan de Lurigancho ha puesto sobre el tapete un problema social grave, la inseguridad ciudadana. Recordemos que hace un par de años, una serie de asesinatos, a mansalva, se perpetraban en el Callao; disputas entre bandas de extorsionadores, infiltradas en los sindicatos de construcción civil, habían emprendido una guerra en las calles de Lima. Qué resultados efectivos tuvo el gobierno, en la guerra de extorsionadores del Callao? Sólo se enfriaron los casos, por qué el cobro de cupos en las construcciones continúan hasta la fecha.  

La semana pasada el Congreso otorgó facultades legislativas al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana. Entre las principales modificaciones estaría el tratamiento del sicariato como delito especial, apartado del homicidio, inclusive elevando su condena hasta la cadena perpetua, si se usa menores de edad para perpetrar el crimen. También se abordaría los delitos relacionados a las estafas inmobiliaria que terminan por despojar de la propiedad a las personas que adquirieron inmuebles con tanto esfuerzo. El “apagón telefónico” para tener control de las millones de líneas pre pago que existen, y que en muchos casos son usadas para la extorsión, junto con el levantamiento del secreto de las comunicaciones (cuando existe una amenaza), para acceder a la flagrancia.

El Acuerdo Nacional, en su séptima política de estado denominada “La erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”. En ella se señala que en la acción en pos de la Seguridad ciudadana se privilegiará lo preventivo, ante lo represivo. Entonces, la pregunta que salta es: Qué ha hecho el Estado, en todos sus niveles, para privilegiar lo preventivo, o establecerla como una política de estado que vaya más allá de los periodos gubernamentales? De pronto dejar de actuar de manera reactiva ante problemas tan sensibles, en donde se vulnera la vida, la salud y la integridad, debería ir más allá de sólo combatir el delito de moda o, peor aun, no hacer nada como en el caso de las pandillas del Callao.

El gobierno ha respondido a las cifras emitidas en el informe del latinobarómetro de la manera más irresponsable (y hasta canalla). En aras de reducir sus índices de la delincuencia ha optado por reformar las políticas y protocolos de recepción de denuncias ciudadanas en las comisarías, derivando un grueso de la problemática a las gobernaciones, institución que no es evaluada por las organizaciones especialistas en la materia. Y por otro lado, han decidido espantar a la ciudadanía, sin protocolo aprobado, pidiéndole que presenten sus denuncias por escrito, para evitar la fatiga.

Otro aspecto es que todo el peso se lo cargan a la policía. Es cierto que la Policía Nacional del Perú no es de las instituciones más eficientes del país (por ejemplo, resulta insensato destinar miles de efectivos en operativos de tránsito, cuando en estas fechas hay casas que son vaciadas, y la delincuencia se acrecienta), pero que hay de los operadores de justicia como la Fiscalía y el Poder Judicial? Acaso la policía no cumple su labor capturando a los delincuentes? Pero por qué tenemos jueces y fiscales que son genuflexos al crimen y la delincuencia? De pronto aplicar una medida como los “Tribunales de Flagrancia” como se han aplicado recientemente en Ecuador y Costa Rica, y en México vienen funcionando buen tiempo, y con buenos resultados.