En seguridad ciudadana, este gobierno ha dado pasos lentos, torpes y tendenciosos.  Las declaraciones de sus actores, como Juan Jiménez Mayor, aduciendo que los niveles de inseguridad ciudadana no son tales, sino una cuestión de histeria de la población, antecedido por Wilfredo Pedraza, quién sentenciaba que la inseguridad ciudadana era sólo una percepción. Ahora salen Humala y Urresti a hacer gala de sus elocuencia. El Ministro del Interior aduce, al mejor estilo de un personaje cómico policial, que quienes son víctimas del sicariato son los mismos delincuentes (y en el fondo se llega a escuchar un pensamiento "mejor que se maten entre ellos"), soslayando de la manera más irresponsable su responsabilidad. Pero la cereza del postre es el señalamiento de culpa a la globalización por parte de Ollanta Humala. 

Pero qué ha hecho este gobierno, fuera de las frases desafortunadas y alimentadoras de memes, por combatir este flagelo? Pues casi nada, sólo que en noviembre del año pasado el gobierno promulgó la Ley 30101, o más conocida como #LeyAntauro, la cual otorga beneficios penitenciarios a más de 48 mil delincuentes de alta peligrosidad, tales como secuestradores, femenicidas y sicarios. La intención de fondo era reducir, de manera "discreta", la condena de 19 años de prisión de Antauro Humala. A pesar de las manifestaciones ciudadanas, su hermano presidente promulgó la norma.

Le es difícil al #GobiernoConyugal entender que la inseguridad ciudadana no se combate con capturar a unos cuantos carteristas, paqueteros, reducidores de La Cachina, y que su Ministro del Interior aparezca compulsivamente en los medios de comunicación? Acaso, no se entiende que si matan a alguien en determinado establecimiento, se convierte en un lugar adonde no iría jamás con mi familía? Acaso es para doctos y eruditos darse cuenta que el sicariato en nuestro país no ha nacido por generación espontánea, sino que es una actividad conexa del narcotráfico y la minería ilegal? 

Todo ello, a pesar de que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el cual fue elaborado por el Ministerio del Interior señala que en el 2012 el Perú pasó a ocupar el segundo lugar en victimización personal (según el barómetro de las américas) (1). Además, el mismo estudio, señala que en el 2013, el Perú presentaba un incremento del 37% de la delincuencia en el País, tomando en cuenta el número de denuncias policiales por cada 100 mil ciudadanos, que pasó de 617 a 846 (2).

Un gobierno, que a pesar de entender todo ello, no mueve un sólo dedo por realizar las reformas legislativas-penales, políticas y sociales, sino que, por lo contrario, premia la delincuencia con beneficios, evidencia su conexión con estas ilícitas actividades. De pronto, hay avionetas que contar, y dinero de campaña (vía Nancy Obregón y Elsa Malpartida) que le impide a Ollanta Humala chocar con quienes tiene una deuda. Y ni que decir de Urresti, que anduvo por el VRAEM en "misiones".

(*) Bonus Track: Texto de la #LeyAntauro:

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Notas:

(1) https://www.mininter.gob.pe/pdfs/Plan.Nacional.Seguridad.Ciudadana.2013-2018.pdf

(2) http://trome.pe/actualidad/delincuencia-se-incremento-mas-30-1611323